Hacer más efectiva la fiscalización y aumentar sanciones por evasión de la tarifa en el transporte público busca un proyecto de ley discutido en la Cámara de Diputados, y que contó con el voto favorable del Diputado por Los Ríos Bernardo Berger (IND-RN).
Durante la discusión, el diputado Berger llamó la atención de la sala, indicando que “otra cosa es con guitarra”, apuntando a que “los mismos que durante el gobierno del Presidente Piñera llamaron a congelar los precios y a evadir en forma de protesta, hoy se dan cuenta de lo difícil que resulta financiar un servicio que, producto de esos mismos llamados, ha alcanzado casi un 41% de evasión”.
El legislador dió su apoyo al proyecto argumentando que “el bienestar de los chilenos responsables es una prioridad” y que “los movimientos populistas que llaman a quebrar la institucionalidad terminan perjudicando a quienes más necesitan servicios públicos de calidad”.
El plan del proyecto de ley para reducir la evasión se basa en cinco pilares: dar alternativas de pago al pasajero; instalar un nuevo procedimiento administrativo de cobro de multas; fortalecer los efectos del Registro de Pasajeros Infractores (RPI); aumentar la seguridad; y dar mayor eficiencia a los controles.
De esas, Berger destacó el denominado “pago recargado” que le parece “una medida justa”, puesto que “un 64% de los infractores por evasión no comparece ante un tribunal y simplemente no paga” y, adicionalmente, debido a una sobrecarga del sistema Judicial, los Jueces de Policía Local, no los están enviando a los evasores al Registro de Pasajeros Infractores.
Asimismo, Berger valoró disposiciones como la prohibición del ingreso por puertas traseras, la suspensión de beneficios de tarjetas de descuento mal utilizadas, la restricción al comercio ambulante en buses y la extensión del plazo de prescripción de las infracciones de tres a cinco años.
Sin embargo, el parlamentario advirtió que algunas medidas propuestas, como las restricciones para asistir a partidos de fútbol profesional o para obtener pasaporte y permisos de residencia, afectan solo a ciertos sectores socioeconómicos. En su lugar, planteó que se podrían considerar sanciones más transversales y disuasivas, como impedir el acceso a subsidios, bonos o la realización de determinados trámites en organismos públicos. Recibe nuestras noticias en: WhatsApp | Instagram | Newsletter.
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