Fueron más de tres meses de trabajo que tuvo la comisión fiscalizadora del Consejo Regional de Los Ríos, para determinar las responsabilidades políticas luego del quiebre de la empresa Carlos García Gross, que ejecutaba cinco proyectos en la región, con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y que dejó a más de cien trabajadores sin sus remuneraciones.
Es importante recordar que la empresa Carlos García Gross se encontraba ejecutando cinco proyectos en la Región de Los Ríos, en las localidades de Neltume y Choshuenco en Panguipulli, en la comuna de Mariquina, en Estación Mariquina y en la comuna de La Unión, en los sectores de Puerto Nuevo y Caupolicán Alto, específicamente obras relacionadas con alcantarillado y saneamiento sanitario.
El presidente de la comisión, Consejero Regional Luis Cuvertino explicó que, “nuestras conclusiones fueron tajantes respecto a que el señor Intendente, como los alcaldes, no tuvieron ningún plan especial a pesar de los antecedentes que había en cada una de las obras, por lo tanto, dejaron que los funcionarios siguieran adelante con los procesos administrativos; lo segundo, es que una vez que se produce la dificultad mayor, siempre fue la intención hacer términos de contrato y no un plan integral que pudiese fijar como prioritario los derechos de los trabajadores; lamentablemente ellos nunca se reunieron para hacer un plan específico que permitiese defender tanto los recursos públicos, como los derechos de los trabajadores. Fijamos algunas recomendaciones para los procesos y la parte reglamentaria, ya que esto no puede repetirse”.
En la misma línea, el Consejero Regional Juan Taladriz precisó que, “a todas luces nosotros creemos que hubo bastantes errores porque se esperó mucho de la empresa y al final se dejó en la indefensión a los trabajadores; estamos hablando de 116 trabajadores y obras de más de 15 mil millones de pesos. Lo importante es que podamos mejorar en los procesos administrativos, se debe tener una atención especial en las empresas que ejecutan más de una obra y que los apoyos técnicos sean fortalecidos; las bases regionales de este tipo de licitaciones deben ser revisadas por la Contraloría; se debe establecer un manual integrado de gestión de calidad para la construcción de obras con recursos FNDR, así como también es importante destacar el seguimiento diario de las obras que se ejecutan”.
INFORME FINAL
El informe emanado por el cuerpo colegiado del CORE Los Ríos concluye que:
- Durante todo el proceso, los antecedentes dan cuenta de autoridades reactivas, sin capacidad de liderazgo, dejando que los acontecimientos avancen a nivel administrativo por inercia, sin tomar un rol preponderante en el proceso y control de los mismos. El Sr. Intendente ni los Alcaldes, estuvieron en la toma de decisiones ni en la generación de un plan de acción concreto para abordar esta emergencia, lo que hubiese permitido, por ejemplo, el pago oportuno, aunque hubiese sido parcializado a los trabajadores.
- Si bien, de acuerdo a los antecedentes provistos por el Gobierno Regional, éste aparece debidamente respaldado en su accionar, desde el punto de vista de las disposiciones legales impuestas por la ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; transfiriendo el mandato irrevocable y completo para ejecutar la obra a la unidad técnica, esta comisión considera que los analistas de inversiones, responsables de ejecutar el seguimiento y control financiero de las obras, no actuaron para detener o alertar acerca de lo estaba ocurriendo con la empresa, transmitiendo señales erráticas que promovieron la desinformación, con las consiguientes consecuencias por todos conocidas.
PROPUESTAS
Algunas de las medidas sugeridas por este cuerpo colegiado para mejorar los procesos administrativos internos:
- Modificación del convenio mandato, con especial énfasis en cubrir las brechas detectadas en el desarrollo de esta investigación, especialmente en salvaguardar permanentemente la protección de los trabajadores con plena observancia de la legislación vigente.
- Crear protocolos y procedimientos para aplicar en caso de detectar empresas en riesgo financiero o definitivamente en procesos de quiebra, que prestan servicios o ejecuten obras a UT, con financiamiento FNDR.
- De acuerdo a los montos involucrados en el contrato, considerar aumentar las consultorías, con asesores a la inspección fiscal, calidad y medio ambiente, con dependencia del Gobierno Regional.
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